ANCHICAYÁ RESISTE

Estimados Presidentes de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Honorable Magistrado Sustanciador
Antonio Jose Lizarazo Ocampo
Corte Constitucional de Colombia
E.S.M

Copia a:
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Caso Comunidad Afrodescendiente del Río Anchicayá 13.166 Colombia
E.S.M

Asunto: Petición

Me permito solicitar de manera respetuosa a la Corte Constitucional colombiana para que, sin más dilaciones, resuelva la tutela T-8197319 acogiendo las pretensiones solicitadas a continuación por la comunidad del río Anchicayá y se protejan sus derechos para que se acaten los postulados a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Con el objetivo de optimizar su producción de energía en el año 2001, el 21 de Julio de ese año, la empresa Unión Fenosa Distribución S.A (España) dueña en la época de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá decidió, sin tomar en cuenta ningún estudio de impacto, arrojar al río Anchicayá más de 500.000 metros cúbicos de lodos podridos acumulados durante décadas en la represa por falta de mantenimiento. Esta decisión no fue consultada y no tuvo en cuenta cómo afectaría a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, pertenecientes a las etnias afrodescendientes, que dependen en lo absoluto del río para subsistir. Los daños ocasionados a las comunidades y al río Anchicayá son catastróficos, vulneran los derechos del río así como de las comunidades que habitan el territorio y reflejan las malas prácticas de la empresa Unión Fenosa Distribución S.A. En efecto, luego de provocar el desastre, la compañía española vendió la represa a la empresa de energía del Pacífico S.A EPSA (hoy conocida como Celsia S.A).

En la Acción de Grupo interpuesta por el Consejo Comunitario en el año 2002 para reclamar la indemnización por los daños ocasionados por este desastre, el Tribunal del Valle condenó en segunda instancia, el 7 de septiembre de 2009, a la empresa de energía del Pacífico S.A EPSA (Celsia S.A) por acción y al Estado colombiano por omisión, por los daños causados en el desastre del 2001.

Del mismo modo, la empresa fue condenada a ejecutar las medidas compensatorias contenidas en la resolución 809 de 2001 y 556 de 2002 proferidas por el Ministerio de Ambiente a favor de las comunidades de Anchicayá. Sin embargo, el Estado colombiano no ha hecho cumplir la sanción, impidiendo implementar los programas de sustitución alimentaria, de fomento piscícola, y de asistencia agropecuaria, contenidos en la resolución, para mitigar, corregir o compensar los impactos causados.

Posteriormente, una sala de decisión del Consejo de Estado profirió la sentencia unificadora SU del 10 de junio del 2021 mediante la cuál, de manera arbitraria e injusta, deja sin efectos la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo del año 2009. Esta anula las pruebas de valoración, anula los censos, criminaliza al apoderado, excluye del proceso a miles de víctimas y rebaja las valoraciones contenidas en los peritajes. Esto generó que personas pertenecientes a grupos violentos al margen de la ley pretendieran que se les incluya en el grupo de víctimas mediante amenazas y actos violentos en contra de los líderes y del apoderado del caso.

En la actualidad, la sala plena de la Corte Constitucional ha decidido asumir la competencia en sede de revisión de tutela (T-8197319 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo) para efectos de estudiar la solicitud con varios motivos: para que se declare el río Anchicayá y sus afluentes como sujetos de Derechos; para que se prevengan los riesgos de colapso de la represa; para que se deje sin efectos la SU del 10 de junio del 2021; para que asuma el trámite de fondo del mecanismo de revisión eventual de la acción de grupo y para que ordene el inmediato cumplimiento de la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo del 7 de septiembre del año 2009, entre otros aspectos relevantes.

Este mensaje constituye una alerta temprana debido a que, hoy en día, la amenaza persiste debido a que la represa se encuentra una vez más colmatada de lodos podridos lo que puede conllevar, a la repetición de la tragedia, 21 años después.

En razón a lo anterior, me permito poner en copia a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de aportar al proceso un pronunciamiento de fondo que responda a las urgentes situaciones de orden público y de salud pública que viven las comunidades de las riberas del Río Anchicayá, referente al caso 13.166- Anchicayá Vs Colombia, y en este sentido se presenten las correspondientes recomendaciones al Estado colombiano para lograr estándares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

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