NO MÁS IMPUNIDAD PARA LAS MULTINACIONALES!

El Consejo comunitario mayor del río Anchicayá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca en Colombia está constituido por catorce comunidades afrodescendientes, herederas de aquellos hombres y mujeres que quinientos años atrás resistieron a la esclavización y que a su vez fundaron los primeros asentamientos libres de la opresión colonial. En la actualidad, estas comunidades son consideradas un ejemplo de lucha y de resistencia frente a los diferentes tipos de violencia que han tenido que enfrentar en las últimas décadas. Este ha sido un territorio donde la confrontación entre grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y tropas estatales hace parte del cotidiano de los habitantes provocando asesinatos y desplazamientos forzados de una importante parte de su población.

Las comunidades del río Anchicayá viven una tragedia aún peor desde el 21 de julio de 2001 cuando la Central hidroeléctrica Bajo Anchicayá, operada en ese entonces, por la empresa española Unión Fenosa Distribución, que hoy hace parte del grupo Naturgy, decidió abrir sus compuertas de manera irresponsable para liberar más de 500.000 metros cúbicos de lodo putrefacto, acumulado por más de 40 años ya que no habían sido evacuados en su debido momento. Esto provocó una avalancha de lodo nauseabundo que contaminó el agua del río, generó enfermedades en la comunidad, exterminó la fauna acuática, acabó con los cultivos de las comunidades y la única ruta de navegación que se tiene localmente que es el río. Este hecho movilizó al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Río Anchicayá a interponer una acción de grupo interpuesta en el 2002.

Antes era fácil pescar, era suficiente con poner un cesto y dejarlo unas horas para que saliera lleno de peces. Había tanta vida en ese río que el pescado se atrapaba incluso con la mano: la mojarra, el sábalo, el jojorro, la chuchulapa, el guacuco, el virginio, también el camarón munchillá, los cangrejos azul y alacho, las jaibas, el piacuil y los pequeños moluscos que las mujeres buscan entre las raíces de los manglares. El río Anchicayá, que en el pasado representó la fuente de vida y de subsistencia para sus comunidades, se encuentra moribundo en la actualidad y agoniza lentamente junto con las comunidades que dependen de él para sobrevivir.

El 7 de septiembre del año 2009 el Tribunal del Valle sentenció en segunda instancia a la empresa española Unión Fenosa Distribución, dueña y responsable de la empresa de Energía del Pacífico – EPSA, al pago de 169 mil millones de pesos (aproximadamente 38 millones de euros) por el daño social y ambiental ocurrido en el 2001 que afectó al río y a sus habitantes en alto grado de vulnerabilidad. En el año 2015, la sala plena de la Corte Constitucional, confirmó esta responsabilidad a través de la sentencia unificadora SU 686 de 2015. Sin embargo, esta condena de 169 mil millones de pesos como indemnización por los daños ocurridos no se han retribuido a la comunidad: La Unión Fenosa Distribución vendió la operación de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá a la empresa Celsia, perteneciente al grupo ARGOS, quien, en vez de pagar la indemnización, impugnó el fallo.

La venta de la Central Hidroeléctrica no le resta responsabilidad a la empresa española ni exime a sus compradores de la indemnización y compensación de la cual es responsable.

Además de esto, se ha hecho caso omiso a las resoluciones 809 de 2001 y 556 de 2002 expedidas por el Ministerio de Ambiente de Colombia, y no se han implementado las medidas compensatorias a la comunidad, ni se ha reparado el río Anchicayá. Dentro de las medidas sancionadas, la empresa debe realizar un plan de repoblamiento piscícola; un proyecto de cría en cautiverio de especies nativas; un programa de sustitución alimentaria; y por lo menos tres programas de asistencia técnica agropecuaria, entre las principales medidas.

Hoy en día, la situación de riesgo sigue prevaleciendo debido a la falta de mantenimiento de la represa, y un nuevo derrame de lodo constituye una amenaza para las familias ribereñas del río Anchicayá, toda vez que la represa se encuentra nuevamente colmatada.
Los dueños de la Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá han cambiado pero los daños pasados y los riesgos futuros los sigue viviendo la comunidad que permanece en el territorio.

Esta muerte del río sigue siendo un problema en la actualidad para la comunidad quien advierte de una nueva tragedia si no se toman las medidas necesarias.

El caso de la represa de Anchicayá, en el Valle del Cauca, como muchos otros casos de extractivismo en Colombia reúne agentes multinacionales y una historia jurídica compleja que corresponde a unas prácticas legales e ilegales que las empresas y capitales extranjeros utilizan para no hacerse cargo de los prejuicios y afectaciones que sus proyectos generan en los territorios y las comunidades que lo habitan.


Desde el colectivo Human Conet proponemos plasmar algunos de los momentos más importantes en una cronología para mayor entendimiento de quién, de cuándo y de cómo.s