Estimadas/os señoras/es de Smurfit Westrock:
Yo, [Nombre y apellidos] de [País], estoy informada/o y preocupada/o por los impactos sociales y ambientales vinculados a las operaciones forestales de la empresa Smurfit Westrock en Colombia, particularmente en el municipio de Cajibío (Cauca, Colombia) y la situación indigna que afrontan las comunidades campesinas e indígenas (Misak y Nasa) reunidas en el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural de Cajibío (TEVIIC).
Colombia es un país en el que los problemas asociados al uso y propiedad de la tierra, originan y sostienen el conflicto armado, social y político, por tanto, las posibilidades de acceso a tierra y garantías materiales para la vida de sus pobladores se ven constantemente amenazadas. En este contexto Smurfit Westrock, una compañía Irlandesa es dueña de más de 68’000 hectáreas de tierra donde existen hace más de 40 años plantaciones de pino y eucalipto a nivel nacional. Solamente en el municipio de Cajibío, la empresa concentra aproximadamente 2’900 hectáreas en propiedad y no menos de 600 en arriendo, sin embargo, una familia en este territorio necesitaría como mínimo 5 hectáreas para su sobrevivencia, lo que explica porqué la mayoría no tienen tierra.
Esta realidad profundiza la desigualdad, contamina fuentes de agua y amenaza la soberanía alimentaria de las comunidades. A pesar de los múltiples intentos de diálogo y acercamiento realizado por las mismas comunidades, se han documentado hechos graves de estigmatización y de violencia con la participación de seguridad privada de la empresa en connivencia con la fuerza pública en operativos armados, así como, denuncias sobre nexos de la empresa con grupos paramilitares responsables de amenazas e intentos de homicidio en contra de liderazgos ambientales, según informes de verificación de DDHH realizados por organizaciones locales e internacionales.
La Constitución de Colombia es clara: la propiedad tiene función social y ecológica (art. 58); el Estado debe promover el acceso progresivo a la tierra para la población campesina —reconocida como sujeto de especial protección— (art. 64); y la producción de alimentos goza de protección especial (art. 65). Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el carácter fundamental del vínculo territorio-vida para pueblos indígenas y, por su estrecha relación con el trabajo y la subsistencia, también para la población campesina (p. ej., C-623/2015). En el plano internacional, la Declaración de la ONU sobre los derechos de las y los campesinos (UNDROP), el Convenio 169 de la OIT (consulta y consentimiento libre, previo e informado), los estándares del Sistema Interamericano y los Principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales refuerzan un deber de debida diligencia reforzada frente a comunidades vulnerables. Todo ello se resume en una idea sencilla: la propiedad privada no puede amenazar la vida, obstaculizar el acceso al agua ni a la alimentación de los pueblos que habitan y trabajan el territorio.
Como ciudadano/a me corresponde exigirle a la empresa Smurfit Westrock y a los gobiernos locales y nacionales que tienen vínculos económicos con el desarrollo de estas actividades forestales en Colombia, que comiencen acciones concretas que demuestren su voluntad por aportar a la solución de problemas estructurales en Colombia devolviendo la tierra despojada y reparando a las comunidades, retomando el diálogo con liderazgos sociales y ambientales, en donde se reconozca su responsabilidad sobre las afectaciones ocasionadas en el territorio.
Asimismo, pido detener de inmediato las actividades de explotación forestal en el territorio, absteniéndose de expandir las plantaciones o trasladarlas a otros territorios, mediante compra de predios, nuevos arrendamientos, o acuerdos de compra de materia prima, y que se entregue voluntariamente las tierras empobrecidas por los monocultivos a las familias rurales que las necesitan y reclaman.
Por último, solicito que la empresa presente una oferta formal de venta de tierras a la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad encargada de materializar la reforma agraria en Colombia; que acoja las recomendaciones expresadas por las comunidades para llevar a cabo un programa de reparación colectiva de agua, suelos, biodiversidad y medios de vida, desde un enfoque agroecológico y comunitario; que revise y actualice la su política de debida diligencia en derechos humanos para Colombia de la empresa, incluyendo la cadena de valor y los contratos de participación o de arriendo; que cese la estigmatización y se abstenga colaborar directa o indirectamente con prácticas legales o ilegales que propicien intimidaciones o uso desproporcionado de la fuerza; y coopere activamente con la entrega de testimonios y documentos que ayuden a conocer la verdad sobre las agresiones y su participación en la vulneración a los derechos humanos, en el marco de las investigaciones que actualmente realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos sobre este asunto.
Smurfit Westrock se presenta como líder en sostenibilidad, goza de sellos ambientales e influencia políticas “innovadoras” lo cuál no se ve reflejado en sus prácticas en Cajibio, Cauca. Por ende, les pedimos acusar recibo y dar respuestas a este llamado.
Atentamente,
[Nombre y apellidos]
[País]