Cuando la defensa del agua se vuelve un crimen.
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La carrera por la acaparación del agua en los países europeos como en Francia, está generando un conflicto social sin precedentes que pone a competir a las familias agricultoras entre sí, mientras que el Estado, en coordinación con la agroindustria, liberan su artillería para obtener el monopolio de las reservas de agua para su uso privado y perseguir en justicia a quienes se opongan al sistema.
Al otro lado del charco, ya se escuchan lamentos como el de Olivier, agricultor francés que, junto con su esposa se preguntan cómo van a hacer para regar sus cultivos este verano, frente al pronóstico de escasez generalizada de agua en su región.
Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de la pequeña huerta familiar que esta pareja mantiene mediante un delicado sistema de goteo, se cava a lo largo de 8 hectáreas un nuevo mega-embalse a cielo abierto que será relleno durante el invierno con 650.000 m3 de agua, equivalente a más de 10 estadios de fútbol. Desafortunadamente para Olivier, él no hace parte de los contados terratenientes y empresarios del agronegocio que invirtieron, junto con el Estado, en la construcción de estos mega-embalses. Por este motivo, su familia no podrá beneficiarse de esta agua durante el próximo verano, en caso de sequía extrema. Por su lado, los cultivos agroindustriales de maíz y de sorgo necesarios para alimentar el ganado tienen asegurado su abastecimiento.
La construcción de estos mega-embalses para enfrentar los altos riesgos de sequías de este año ha sido la solución impuesta por el gobierno y por las grandes empresas agroalimentarias reunidas corporativamente en grupos como la Federación Nacional de los Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).
Imagen 1: Construcción de un mega-embalse, Sainte-Soline. Foto de GreenPeace.
Las excavaciones a cielo abierto miden entre 8 y 16 hectáreas y para llenarlas no basta con la recuperación exclusiva de las aguas lluvias, como señala el gobierno, sino además se necesita del bombeo de aguas subterráneas, el desvío de ríos y de quebradas aledañas. La construcción de estas reservas artificiales de agua está generando mayores presiones sobre el suelo, que impiden a las aguas subterráneas reconstituirse, afectando directamente a los agricultores y a sus familias que deberán disputarse el recurso limitado.
Imagen 2: Mapa de mega-embalses construidos en Francia
El panorama desolador y monocromático de las extensas colchas homogéneas, sembradas por la industria agroalimentaria francesa, se ha disuelto en medio de los espesos gases lacrimógenos y granadas lanzadas por los más de 1’500 uniformados de la policía movilizados por el Ministerio del Interior francés para impedir el paso de los 30.000 manifestantes venidos de distintos rincones del país para oponerse al acaparamiento y la privatización indiscriminada del elemento más vital para la Vida: el agua.
Imagen 3: Un mega-embalse en medio de monocultivos. Foto de GreenPeace
“Capturar corrientes de agua libres y vivas para estancarlas, acelera su descomposición y su proceso de evaporación causando mayor derroche”
Frente al levantamiento popular que se ha movilizado tanto en los sitios de construcción de los mega-embalses como en las principales ciudades, el ministro del Interior francés le ha declarado “la guerra” al movimiento ecologista y campesino que se opone a los proyectos ecocidas que profundizan la crisis climática. Las escenas apocalípticas de la confrontación ocurrida el 25 de marzo del 2023 en el municipio de Sainte Soline, al occidente del país, entre manifestantes y los distintos agentes móviles de la policía, confirman hasta qué punto el gobierno y los capitales económicos de la industria agroalimentaria están dispuestos a recurrir con tal de conservar el modelo político-económico extractivista. Según datos oficiales, por lo menos 300 manifestantes quedaron heridos y hay por lo menos dos casos graves de manifestantes que continúan en estado de coma profundo por impacto craneal.
Imagen 4: Manifestantes anti-embalses se protegen de los gases lacrimógenos
Señalados por el Ministro de Interior francés como “ecoterroristas”, la criminalización de los movimientos sociales que se oponen a los proyectos extractivistas y a las empresas contaminantes refleja el giro antidemocrático que los gobiernos están dispuestos a realizar con tal de mantener el sistema financiero, de producción y de consumo actual.
Frente a semejante situación en donde el agua y los bienes comunes que nos constituyen pasan a ser el objetivo de acaparación de un Estado cooptado por el capital transnacional, la justicia climática y social se torna la enemiga de susodicho progreso, y con ella, toda aquella organización, comunidad, movimiento o expresión que luche por alcanzarla.
Si en Europa el “fenómeno” de las movilizaciones de los grupos ecologistas se hacen sentir cada vez más presentes en la opinión pública y las respuestas violentas por parte del Estado sean cada vez más recurrentes, en Colombia, la movilización por la defensa del agua y la protección de los ríos denuncia el enmarañado sistema ambiental que hace del agua y su generación eléctrica un negocio que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y colectivos de las comunidades que habitan los territorios y protege a las empresas nacionales como transnacionales.
Imagen 5: Manifestación por la defensa del agua en Francia
Imagen 6: Manifestación por la defensa del agua en Colombia
Esto es visible con el caso del Río Anchicayá, afectado desde hace más de 22 años por el derrame de lodos proveniente de la Central Hidroeléctrica, operada en ese momento por la empresa transnacional española Unión Fenosa. Pese a que la comunidad, mediante una Acción de Grupo lograra en el 2009 demostrar legalmente la responsabilidad de las empresas y que el Ministerio de Ambiente interpusiera programas para la recuperación socioambiental de la cuenca, dichas acciones, programas y reparaciones a la comunidad no han logrado materializarse. Por lo contrario, se ha visto un retroceso jurídico, difamaciones y amenazas ejercidas por parte de grupos armados, lo que demuestra el grado de influencia que tienen estas empresas del sector minero-energético y extractivistas, no solo en el gobierno y en su legislación, sino también en la rama Judicial.
La presión sobre las fuentes de agua en el norte global y la crisis generalizada del clima apresuran el negocio y la construcción de generadoras de energía en Colombia y América Latina que albergan casi un tercio de los recursos hídricos mundiales. La violencia que atraviesan las comunidades en donde se llevan a cabo proyectos de embalses y centrales hidroeléctricas en departamentos como Antioquia atestiguan el estremecedor negocio que conjuga la fuerza pública, agentes estatales y autoridades civiles con grupos paramilitares.
Imagen 7: Manifestación por la defensa del agua en Colombia
El despojo de los territorios por la vía violenta y la vía jurídica ha tenido como finalidad la imposición y consolidación de un modelo extractivista que ha conllevado a una concentración de la tierra para el uso exclusivo de la minería, hidroeléctricas y agroindustria, cuyos principales beneficiarios son las empresas transnacionales y sectores dominantes del país como los terratenientes. Para ilustrar un caso, podemos nombrar el informe de la Corporación Jurídica Libertad en torno al mayor proyecto de explotación de oro y plata en el país, llamado Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque, Antioquia. Este caso ilustra el proceso de implementación de un modelo contrainsurgente, motivado por las élites económicas y políticas, articuladas con la fuerza pública y sectores de autodefensas, que generaron las condiciones, mediante el despojo de los liderazgos sociales asimilados a guerrilleros, para la imposición de un modelo de extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas y el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
Queda claro, en medio de la desazón, que la movilización social en ambos hemisferios, que reivindica sus derechos sobre el territorio, que se opone a la privatización del agua y a toda actuación que busque privar y monetizar el uso compartido de los bienes comunes, no retrocede. Al contrario. Se mantiene y resiste pese a los ataques violentos que buscan silenciarlos, por la vía legal o de hecho, ya que un movimiento por la defensa del agua no se disuelve. Está vivo y se multiplica.
Imagen 8: Manifestantes se toman un embalse en Francia