Estos tratados están sesgados a favor de los inversores, lo que pone en riesgo la soberanía y los recursos del Estado. Este sistema, que privilegia la inversión empresarial y sus intereses, es posible gracias al mecanismo del arbitraje internacional de inversiones, el cual permite a los inversores evadir los tribunales nacionales y acudir a cortes privadas internacionales que suelen favorecer sus intereses.

A pesar de este panorama, el Estado continúa promoviendo la participación empresarial mediante la figura de asociación público privada (APP) para la gestión de servicios públicos. Presentadas como una apuesta eficiente, las APP se han convertido en una forma de privatización encubierta donde el Estado delega responsabilidades fundamentales sin garantías reales de calidad ni equidad en el acceso a los servicios. 

En Colombia, la presencia de empresas en la gestión de bienes públicos es cada vez más extendida y celebrada desde ciertos sectores del poder. Pero esa tendencia viene acompañada de una creciente amenaza ambiental, social y jurídica. Un caso ilustrativo que queremos señalar es el caso de Veolia, multinacional francesa presente en Colombia desde 2018. Esta empresa opera en varios municipios del país en servicios de agua, aseo y saneamiento, a través de concesión o empresas mixtas, aunque no siempre bajo la figura formal de APP, estos modelos reproducen lógicas similares de concentración empresarial, exclusión ciudadana y debilitamiento del control estatal sobre los bienes comunes.

Con la llamada transición energética, Colombia está viviendo una nueva ola de extractivismo. Un neo-extractivismo con aroma progresista, que da al estado un papel protagónico en el proceso de explotación de la naturaleza, de forma directa a través de empresas estatales, o de forma indirecta a través de tributaciones de empresas u otros mecanismos de regulación para la obtención de un porcentaje de ingresos para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de “legitimidad”.

El extractivismo como fuente de progreso en los países biodiversos es una enfermedad que no para de crecer : en 2022, las mayores alzas estimadas en exportaciones se registraron en países exportadores de hidrocarburos : Colombia (49%) ; Venezuela (63%) ; Trinidad y Tobago (69%).

En el sistema actual, el poder corporativo ha alcanzado niveles sin precedentes, moldeando las políticas públicas en función de sus propios intereses y no del bien común. La guerra comercial iniciada por Trump, presentada como un acto de protección del trabajador estadounidense, en realidad es una maniobra que oculta una agenda corporativa más profunda, donde las grandes empresas siguen beneficiándose mientras los costos recaen sobre los sectores más vulnerables. La guerra por mantener el control de las fuentes energéticas se profundiza en países como Ucrania, desconociendo la crisis climática que amenaza la supervivencia misma de la humanidad.

En un marco en el que la democracia se ve vaciada de contenido, las empresas y corporaciones financieras alteran  las reglas de juego que controlan el sistema político y mediático.