¡ Acuerdo Humanitario Ya !

El ¡Acuerdo Humanitario YA! es, ante todo, una iniciativa de base construida por las comunidades afrocolombianas del Proceso de Comunidades Negras, con el objetivo urgente de frenar la violencia y garantizar el derecho a vivir en paz. Liderazgos comunitarios, autoridades tradicionales y organizaciones locales han jugado un papel clave en su concepción y promoción.

Como lo afirma el profesor Diego, líder del Bajo Calima: “No necesitamos nuevas iniciativas de paz, nosotros somos la iniciativa de paz.”

Esta afirmación subraya el papel activo y protagónico de las comunidades en la construcción de soluciones al conflicto, rompiendo la visión que las reduce a receptoras pasivas de decisiones externas. Además, refleja una apuesta estratégica por cerrar la brecha entre las iniciativas de paz que surgen desde los territorios y las políticas nacionales, con el fin de avanzar hacia un proceso de paz verdaderamente inclusivo, donde las voces históricamente marginadas sean reconocidas como actoras fundamentales.

El ¡Acuerdo Humanitario YA! se enmarca dentro de una estrategia organizativa y comunitaria del Proceso de Comunidades Negras, una organización que une a más de 140 entidades afrodescendientes en Colombia, enfocadas en transformar la realidad política y social desde 1993. No se trata simplemente de un pliego de demandas, sino de un ejercicio colectivo, estructurado y consciente de acción territorial.

En el 2024, la implementación de los Acuerdos Humanitarios se enfocó en el distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, con el objetivo de visibilizar la situación de emergencia humanitaria y la necesidad del ¡Acuerdo Humanitario YA!, fortalecer las estrategias de auto-protección colectiva de las comunidades, y lograr diálogos con los grupos armados que operan en la región.

Documental sobre la necesidad de la implementación de Acuerdos Humanitarios para garantizar la Paz en el distrito de Buenaventura. © Human Conet

Buenaventura: La paz que aún no llega

Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, continúa siendo uno de los epicentros de la violencia y la vulneración de derechos humanos en Colombia, a pesar de la implementación de la política de Paz Total por parte del gobierno nacional. Lejos de mejorar, la situación parece estancada —o incluso empeorada— si se atiende a los indicadores recientes.

VALLE DEL CAUCA – Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en lo corrido de 2025, los homicidios han aumentado del 128% respecto al año anterior. Esta situación, lejos de ser una novedad, se viene reportando de manera alarmante, tal y como lo señala un reporte de diciembre 2023 de la Defensoría del Pueblo en dónde afirma que en el 82% de los barrios urbanos de Buenaventura hay presencia de grupos armados o delincuenciales afectando el derecho a la movilidad de la población y provocando homicidios selectivos, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores.

Barrios como Punta del Este o la comuna 12, la cual tiene tanto zona rural como urbana, son hoy campos de tensión permanente entre disidencias, bandas locales y estructuras vinculadas al narcotráfico. En estos sectores se imponen toques de queda, fronteras invisibles y controles sociales de facto, en una dinámica que ha capturado a cientos de jóvenes en una espiral de violencia silenciosamente normalizada.

La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas, advirtiendo sobre el reclutamiento forzado, la extorsión sistemática y el control territorial ejercido por estos grupos. Aunque el discurso oficial habla de avances y diálogo, lo cierto es que, tras el fin de la tregua entre los Shottas y Espartanos, la violencia urbana ha recrudecido.

Buenaventura, siendo un territorio mayoritariamente rural, adolece de una marginalización estructural e histórica que refleja la realidad de los territorios del Pacífico, en dónde entre 2023 y 2024, más de 12.000 personas fueron desplazadas o confinadas en la región.

Entrevista con Leyla Arroyo, co-fundadora del Proceso de Comunidades Negras. © Human Conet

“Ese vaciamiento territorial permite que el joven pierda el interés por su territorio, pierda su identidad, pierda quién es, porque detrás de un desplazamiento no solamente es sacarlo del territorio, sino transformar su cosmovisión, transformar y hacer ver que ese territorio no es una opción y no importa. Y eso rompe el proyecto de vida de una comunidad.“

Diego Portocarreno, profesor y liderazgo del Bajo Calima.

Conmemoración de los 12 de Punta del Este. © Human Conet

Una historia de resistencia

La resistencia de las comunidades negras del Pacífico colombiano no comenzó con la llegada de grupos armados y narcotraficantes. Es una herencia ancestral forjada en las selvas, ríos y montañas donde miles de cimarrones —hombres y mujeres esclavizados que escaparon de los hacendados coloniales— fundaron palenques y formas de vida autónomas.

En estos territorios, la libertad se defendió con organización y arraigo. Las comunidades liberadas construyeron sistemas propios de gobierno, redes de solidaridad y prácticas culturales basadas en la familia extensa y la crianza comunitaria. Como sostienen sus líderes, “todos se cuidan, todos se protegen”.

Esa matriz de resistencia nunca fue apagada por el abandono estatal ni la marginalización estructural a la que ha querido ser condenada. La identidad afrodescendiente de Buenaventura sigue viva en la oralidad, la espiritualidad, la música y la defensa del territorio. Las prácticas comunitarias, la defensa de los territorios colectivos y organización política de los pueblos afrocolombianos del Pacífico son expresiones vivas de una memoria colectiva que se niega a desaparecer.

Y eso es precisamente lo que está en juego: la existencia misma de las comunidades afrodescendientes de Buenaventura, cuya identidad se teje desde hace siglos con los territorios que habitan. El desplazamiento forzado no es solo el despojo físico de un lugar, sino la fractura de vínculos ancestrales con la tierra, la comunidad y la memoria. Es una herida abierta en las formas de vida, que, al verse obligadas a adaptarse para sobrevivir, enfrentan el riesgo de extinguirse.

“¿Y entonces por qué nos llamaron cimarrones? Porque nos escapábamos del yugo esclavista para tener una forma auténtica de vida, nuestras propias formas de vivir, las mismas que adoptaron nuestros ancestros. Por eso nuestra cultura se repite, se replica de generación en generación. Por eso hablamos de territorios ancestrales y colectivos“

Héctor Fabio Gomez, joven liderazgo del río Mayorquín.

Gladys Renteria, río Raposo. © Human Conet

Comunidad de San Antonio, río Yurumanguí. © Human Conet

Padecer la abundancia

La riqueza natural de Buenaventura —su ubicación estratégica, sus selvas biodiversas, sus ríos navegables y su acceso al mar— ha sido su bendición y su condena. Desde los años 80, la región se convirtió en un enclave codiciado por actores armados legales e ilegales, en disputa por el control de rutas del narcotráfico, corredores marítimos y proyectos extractivos.

Lo que antes fue autonomía, se volvió botín. Guerrillas, paramilitares, bandas criminales y disidencias han tomado iglesias, escuelas y caminos; han desplazado comunidades enteras; y han roto los lazos de confianza entre vecinos. La ausencia de un Estado garante de paz y la militarización de los territorios han profundizado esta crisis, mientras los megaproyectos portuarios y mineros benefician a élites nacionales, sin reparar en los costos humanos y ambientales.

Los liderazgos de Buenaventura se preocupan particularmente por la ruptura cultural en sus territorios. El narcotráfico y la lógica armada ha impuesto nuevos imaginarios: dinero rápido, fiestas ostentosas, consumo de sustancias, y un nuevo código de estatus que desdibuja los valores comunitarios. Por otro lado, se recuerda con nostalgia la tranquilidad con la que se vivía. Los casos de abuso y violación sexual, jóvenes y niños amputados por caer en minas anti-personas, la tala y la contaminación por el aumento de cultivos de coca ha provocado procesos de desplazamiento forzado hacia la zona urbana u otras ciudades, en donde la pobreza y la discriminacion han fomentado el consumo de drogas, la prostitución y la vinculación de menores y jóvenes a redes de criminalidad, perpetuando un ciclo de violencia, exclusión social y vulneración de derechos fundamentales.

Esta economía de violencia ha capturado a miles de jóvenes, expuestos a la guerra sin alternativas reales. Cifras recientes del programa Jóvenes en Paz muestran una alarmante concentración de riesgo en zonas como Buenaventura, sin que aún se logre revertir esa tendencia.

Mary Cruz Renteria, río Yurumanguí. © Human Conet

“Si te fijas, también existe un tipo de reclutamiento que, aunque no es forzado de forma explícita, termina atrapando a los jóvenes. Antes los sacaban directamente de sus casas; hoy les dicen: “Venga, amigo, no se quede sin hacer nada, yo le doy un empleo. Siéntese aquí en esta esquina, cuídemela, y yo le pago”. Y claro, muchos aceptan, porque tienen una familia que mantener, hijos que alimentar. Entonces piensan: “¿Solo por sentarme aquí me van a pagar? Pues me siento”.“

Diego Estupiñan Santiostebar, joven liderazgo del Consejo Comunitario La Gloria

Comunidad el Tigre, río Raposo. © Human Conet

"Somos iniciativa de paz"

Frente al abandono, la respuesta de las comunidades negras ha sido clara: organización y esperanza. Lejos de ser víctimas pasivas, los pueblos del Pacífico han creado estructuras de autoprotección como las Guardias Cimarronas, han impulsado refugios humanitarios, y han liderado agendas de incidencia como el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

La Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos territoriales de las comunidades negras, y la inclusión del Capítulo Étnico en el Acuerdo de 2016, son hitos fundamentales en esta historia de dignidad. Estas conquistas no solo visibilizan sus voces, sino que exigen un enfoque diferencial en la reparación y en la construcción de paz.

Sin embargo, la ejecución de estas agendas y las reales transformaciones para Buenaventura y el conjunto del Pacifico colombiano siguen en deuda. La implementación del Capítulo Étnico ha quedado en promesas: el informe del Instituto Kroc sobre implementación del Acuerdo de Paz con enfoque étnico señala que el 87% de las medidas sigue sin cumplirse. Como señala en una entrevista un líder del Proceso de Comunidades Negras, “El Capítulo Étnico es nuestra esperanza, pero hoy solo ha servido para construir documentos. No se ha materializado en nuestros territorios”, denuncian líderes comunitarios.

Al día de hoy, las organizaciones afro hoy reclaman al gobierno de Gustavo Petro y Francia Marquez un compromiso urgente con las comunidades del Pacifico que vieron pasar el murmullo de la paz. De cara a la situación de amenaza constante que viven las comunidades, la falta de voluntad de diálogo de los grupos armados con el gobierno y la limitada participación que han tenido las víctimas en estos procesos, el ¡Acuerdo Humanitario YA!, surge como una propuesta autónoma de las comunidades para frenar la violencia.

“El Acuerdo Humanitario está en función de que los actores armados respeten lo mínimo que necesitamos para vivir en nuestro espacio territorial. Y ese mínimo (…) es que podamos seguir desarrollando nuestras actividades productivas, o sea, salir a pescar de noche o de día, salir a sembrar la papachina, el borojó, a sembrar el maíz, salir a trabajar la minería de aluvión, salir a cortar la madera para hacer las casas, y también hacer nuestras propias reuniones para fortalecer nuestros procesos en la defensa de vida por el territorio. “

Héctor Fabio Gomez, joven liderazgo del río Mayorquín.

Naya Nidiria Ruiz durante el gran encuentro ¡Acuerdo Humanitario YA! en Buenaventura. © Human Conet

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Evento ¡Acuerdo Humanitario YA!, Buenaventura. © Human Conet

¡Acuerdo Humanitario YA!

El ¡Acuerdo Humanitario YA! no es una exigencia simbólica: es una propuesta de acuerdos humanizados que deje a la población civil libre de actor armado y garantice los mínimos necesarios para proteger la vida que van desde el respeto a la movilidad y a las autoridades comunitarias, hasta la garantía de no involucrar a niños en la guerra ni convertir los cementerios y escuelas en trincheras.

El propósito central de este acuerdo es incidir directamente en los procesos de paz, especialmente en las Mesas de Diálogo entre el Gobierno y los grupos armados. Esta propuesta nace de las voces, experiencias y resistencias de quienes habitan los territorios, planteando unos mínimos humanitarios urgentes dirigidos a los actores armados, tanto legales como ilegales, exigiendo el cese inmediato de las prácticas que atentan contra la vida digna: el reclutamiento forzado, el desplazamiento, el despojo y el control violento del territorio.

Este llamado es urgente: “¡YA!” y vital para la permanencia y la supervivencia de los pueblos ancestrales que habitan las nueve cuencas que conforman el 95% del territorio de Buenaventura: Naya, Dagua, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Anchicayá, Yurumanguí, Calima y Bahía Málaga; y de las comunidades que viven del casco urbano de Buenaventura. A diferencia de la imagen urbana que suele asociarse a la ciudad, el verdadero corazón de Buenaventura está en sus ríos, selvas y comunidades rurales.

El ¡Acuerdo Humanitario YA! propone una salida negociada al conflicto armado, exigiendo un cese al fuego y planteando diálogos con todos los actores involucrados, siempre en respeto de los territorios y con el objetivo de alcanzar una paz integral que incluya el desarrollo social, la protección ambiental y la autodeterminación comunitaria.

Diego Portocarreno y Leyla Arroyo. © Human Conet

“El Acuerdo Humanitario está en función de que los actores armados respeten lo mínimo que nosotros necesitamos para vivir en nuestro espacio territorial. Y ese mínimo que necesitamos para vivir en nuestro espacio territorial es que nosotros podamos seguir desarrollando nuestras actividades productivas, o sea, salir a pescar de noche o de día, salir a sembrar la papachina, el borojó, a sembrar el maíz, salir a trabajar la minería de aluvión, salir a cortar la madera para hacer las casas, y también hacer nuestras propias reuniones en función de fortalecer nuestros procesos para defender la vida en el territorio y defender el territorio como sinónimo de vida para el mundo. “

Mario Angulo, río Naya.

Para la implementación efectiva del ¡Acuerdo Humanitario YA!, las comunidades han identificado tres pilares esenciales que fortalecen su autoprotección y gobierno propio. Uno de ellos es la creación de refugios humanitarios, como los construidos en el río Raposo, que funcionan como espacios seguros para las comunidades de cuencas vecinas —como Yurumanguí y Anchicayá— en caso de enfrentamientos armados. Estos refugios permiten a las familias mantenerse cerca de sus territorios, preservando sus dinámicas culturales y evitando el desplazamiento forzado hacia entornos urbanos ajenos y hostiles.

Construcción del refugio humanitario en la vereda el Tigre, río Raposo. © Human Conet

El segundo pilar es la apuesta por la soberanía alimentaria y el fortalecimiento comunitario, expresada en iniciativas como la siembra colectiva en el Consejo Comunitario de Raposo, donde se cultivan productos locales como papa china, plátano y borojó. Estas actividades no solo garantizan la alimentación en momentos de emergencia, sino que reafirman los lazos comunitarios a través de prácticas ancestrales como ceremonias, encuentros y funerales, reconociendo que los ríos son vida y que toda acción debe orientarse a cuidar y sostener esa vida frente a las amenazas.

Finalmente, el fortalecimiento de las guardias cimarronas representa un paso clave para la defensa de la autonomía territorial. Estos cuerpos comunitarios, organizados en los Consejos Comunitarios afrodescendientes, buscan ejercer control territorial frente a la injerencia armada, proteger a las autoridades legítimas y salvaguardar el derecho propio. En un contexto donde los grupos armados intentan suplantar las estructuras comunitarias y atentan contra la vida de líderes y lideresas, las guardias cimarronas son una expresión concreta del derecho a la autodeterminación y a la defensa del ser comunidad negra en Colombia.